Playas privadas en puerto rico: Centro de Periodismo Investigativo | Muda la Junta de Playas ante restricciones de acceso al mar
Centro de Periodismo Investigativo | Muda la Junta de Playas ante restricciones de acceso al mar
Actualidad
por Gerardo E. Alvarado León | El Nuevo Día y Centro de Periodismo Investigativo |
Balneario del hotel Caribe Hilton
Neidy Rosado/GFRMedia
Pese a que los casos y denuncias de privatización de playas son abundantes, poco o nada ha hecho desde su creación hace 18 años la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto Rico para intervenir y defender el derecho de acceso de los ciudadanos al principal recurso natural del País.
Esta peligrosa tendencia –y la responsabilidad de la Junta al respecto–, se agrava ahora que la Junta de Control Fiscal (JCF) podría imponer como política pública la venta o traspaso de áreas alto valor natural, incluyendo las playas, a fin de obtener dinero para pagar la deuda pública.
Esta es una facultad que le confiere la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que, por los pasados 18 años, la Junta de Playas ha incumplido con el mandato de la ley que la creó para asegurar la conservación, el libre acceso, el desarrollo ordenado y la seguridad en las playas del país. Se constató que la Junta, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ha estado prácticamente inoperante, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas.
Como organismo, la Junta no se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la construcción del proyecto Christopher Columbus Landing Resort en Playuela, Aguadilla, que supone la privatización de las playas del área, según sus opositores. Tampoco hay constancia de una expresión oficial sobre las múltiples denuncias ciudadanas de falta de acceso a las playas de Isla Verde, en Carolina; y Ocean Park, en San Juan, entre otras.
La Junta tuvo tres reuniones el año pasado y el tema de la privatización de playas solo se discutió una vez, según consta en las minutas. El pasado 19 de mayo, Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, llevó al pleno el caso de la Cueva del Indio, en Arecibo, cuyo acceso es eje de pugna.
El acceso más fácil a esta reserva natural es a través de una finca privada. Su dueño, el presidente de la empresa Pan American Grain, José González Freyre, cobra una tarifa de $5 a quienes quieran estacionarse allí. El acceso gratuito es por la playa, pero es casi imposible llegar por esa vía debido a las rocas y el oleaje.
En la reunión, la licenciada Mildred Sotomayor, de la División Legal del DRNA, indicó que se estaban evaluando posibles accesos y mecanismos legales para ponerle fin a la pugna. Dos de esos mecanismos son la expropiación o una servidumbre de conservación.
Se informó, además, que la reserva natural no cuenta con un plan de manejo, y que había uno en desarrollo.
El DRNA expresó su interés de que el acceso que finalmente se establezca pertenezca a la agencia y sea parte de la reserva natural Cueva del Indio, de forma que puedan fijarse las regulaciones que el área requiere.
Alberto Martí, oficial de Scuba Dogs Society y representante del sector privado en la Junta, le solicitó al DRNA que le presentara al organismo los resultados de su investigación y la información recopilada sobre la limitación de acceso a la Cueva del Indio; “cuál es la hoja de ruta y los próximos pasos a seguir”. Su intención era que la Junta se pronunciara formalmente sobre la controversia y presentara recomendaciones, pero nada de eso ha ocurrido.
Jorge Ramírez Portela/GFRMedia
Ruperto Chaparro, director de Sea Grant
“Lo que hay allí (Cueva del Indio) es una burla. Es una cosa ridícula y no puedo entender cómo una reserva natural de Puerto Rico no tiene acceso público. ¿Cómo es que hay que pagarle a un privado? Fui allí y me cobraron $5, tenían una escalera de madera amarrada con una soguita y la gente estaba encaramada en las piedras.
¡Eso no puede ser! Tenemos unas playas sin ningún tipo de manejo de los usuarios”, dijo Chaparro, al explicar su decisión de llevar al pleno de la Junta la controversia de la Cueva del Indio.
Pese a que las minutas confirman que el tema se discutió una sola vez el año pasado, el informe anual que la Junta sometió a la Legislatura el pasado 28 de febrero plantea el acceso a las playas fue uno de los “asuntos recurrentes” en sus reuniones.
El informe, incluso, destaca como “logro” de la Junta la preparación de un vídeo sobre la zona marítimo terrestre, donde se menciona que las playas son bienes de dominio público. El vídeo lo produjo el DRNA, con una subvención del Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMZC) adscrito a la agencia. En otras palabras, no fue un logro de la Junta como tal, sino del DRNA.
Derecho constitucional
El acceso a las playas es un derecho cobijado en la Constitución de Puerto Rico. La Sección 19 del Artículo VI reconoce como política pública tanto la conservación de los recursos naturales, como su mayor desarrollo y aprovechamiento para el beneficio de la comunidad.
Esa política pública garantiza el libre acceso a las playas. Diversos estatutos aprobados antes y después de la Constitución lo reafirman. Es, por lo tanto, responsabilidad de la Junta asegurar su cumplimiento, según dispuesto en la Ley 293-1999.
Neidy Rosado/GFRMedia
Balneario en el Caribe Hilton.
En Puerto Rico, la única playa privada reconocida es la del hotel Caribe Hilton, en San Juan. En 1946 el Gobierno de Puerto Rico traspasó la playa del hotel a la Compañía de Fomento Industrial y esta a su vez le cedió los derechos de uso a Hilton Hotels Corporation ya que, aunque pertenecía a esa agencia pública, era operada por la famosa cadena hotelera. En 1998 el hotel fue privatizado por la administración del exgobernador Pedro Rosselló y el acuerdo de compraventa traspasó a Hilton todas las parcelas, incluyendo 439 correspondiente a la playa, según consta en la escritura. La gerencia del Caribe Hilton no estuvo disponible para entrevista.
Pero la posibilidad de más privatización y venta de recursos naturales amenaza desde junio pasado, tras la aprobación de PROMESA.
Un ejemplo de lo que puede ocurrir en la Isla se dio en la ciudad de Detroit, Michigan, que en julio de 2013 se declaró insolvente. Entonces, se llegó a considerar la venta de la isla Belle, uno de sus principales atractivos turísticos, a fin de allegar ingresos que atajaran su deuda de más de $14,000 millones. Un comprador privado dijo estar dispuesto a pagar hasta $1,000 millones por la isla, que finalmente quedó en manos del estado de Michigan. Detroit salió de la quiebra en diciembre de 2014.
Pero aquí la JCF también puede designar como “críticos” proyectos energéticos o de infraestructura, cuya obtención de permisos y evaluación ambiental estarían sujetos a procesos expeditos, bajo la premisa de que su puesta en marcha redundaría en beneficio económico para la Isla.
Igualmente, la JCF tiene poder absoluto para derogar aquellas leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos ambientales que entienda atentan contra el crecimiento económico. La Ley de Puertos de 1886, que dispone que la zona marítimo terrestre es de dominio nacional y uso público, y la Ley de Fomento Industrial de 1990, que ratifica la política pública de garantizar acceso público a las playas de la Isla, son solo dos de las que podrían derogarse.
La JCF tendría la última palabra respecto al presupuesto de las agencias ambientales, lo que pone en riesgo o bajo evaluación la permanencia de programas o iniciativas de protección, conservación y sustentabilidad.
PROMESA, a su vez, reconoce la autoridad del Gobierno sobre la Ley para el Plan de Uso de Terrenos de 2004. Eso significa, en teoría, que la JCF respetaría la autoridad de la Junta de Planificación (JP) para descalificar proyectos de desarrollo o de uso que incumplan con los parámetros del Plan.
Ante este panorama, el presidente de la organización conservacionista Para La Naturaleza, Fernando Lloveras, pidió estar atentos a las acciones de la JCF, recordando que, a nivel constitucional, todas las aguas son de dominio público. “No todas las jurisdicciones tienen ese tipo de conciencia, de que nadie es dueño del recurso. Y eso es importante a la luz de las privatizaciones que pudieran venir por ahí”, dijo.
El exsecretario del DRNA, Carlos Padín, indicó, por su parte, que la Junta de playas debería aprovechar la coyuntura para alcanzar uno de sus mandatos en ley: promover el desarrollo ordenado de instalaciones en la costa.
“Algo que no se ha logrado en todos estos años es que se limiten considerablemente los usos de construcción cerca de las playas. Aunque el tema se ha discutido entre agencias, aún no se ha traducido en política pública ni reglamentación”, señaló.
Plan Maestro
En 2014, la firma Estudios Técnicos elaboró el “Plan Maestro de Acceso Público a las Costas de Puerto Rico”, que se esperaba le sirviera al DRNA como guía en su gestión de procurar el mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales costeros, incluyendo las playas. El trabajo también fue subvencionado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera.
El documento identifica a la Junta como una de las instrumentalidades públicas con responsabilidades asociadas al acceso público a la costa. En esa lista también están el DRNA, la JP, la Oficina de Gerencia de Permisos y los 44 municipios costeros.
Como parte del trabajo, se desarrolló un inventario de áreas costeras para las que se evaluó su condición de accesibilidad. Fueron identificadas 369 áreas, de las que se obtuvo información para 354. De esas, se encontró que 143 eran accesibles, 171 tenían accesibilidad limitada y 40 eran inaccesibles.
Las “accesibles” fueron definidas como áreas costeras libres de obstáculos; las de “accesibilidad limitada” son aquellas en las que hay que pedir permiso a los dueños o cruzar solares o interrupciones para accederlas; y las “inaccesibles” requieren sobrepasar obstáculos naturales, legales o intereses particulares.
Pese al marco legal existente, que procura proteger y garantizar el libre acceso al litoral, se encontró que algunos factores que lo obstaculizan son el establecimiento de controles de acceso, la falta de infraestructura adecuada, congestión vehicular, grandes extensiones de terrenos privados, erosión costera, restricciones impuestas para la protección de recursos naturales o por la propia naturaleza, contaminación y acumulación de desperdicios sólidos, actividad delictiva, y conflictos entre usos y usuarios.
Se propuso un “Plan de Acción” para definir los límites de los terrenos de dominio público y los privados, subsanar brechas y complejidades institucionales, incorporar el tema de los accesos en la planificación costera, remover obstáculos, mejorar accesos existentes y utilizar la educación como instrumento para generar cambios.
Se recomendó que las entidades vinculadas al tema, “particularmente la Junta de Playas”, evaluaran las propuestas contenidas en el plan, priorizaran aquellas de mayor urgencia y gestionaran su implantación coordinada. Se recomendó, además, que el plan se evaluara cada dos años para “conocer el alcance” de las acciones propuestas, así como las razones que no permitan la ejecución de otras.
La Junta discutió o hizo referencia al “Plan Maestro” en varias de las cuatro reuniones que tuvo en 2014.
En la reunión del 11 de febrero de ese año, Roberto Varela, entonces director de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y representante del sector privado en el organismo, cuestionó “si realmente queremos ampliar los accesos” a las playas, según la minuta.
Varela se cuestionó cuán positivo puede ser facilitar acceso a las playas, particularmente en aquellas que, por su valor ecológico o “lo inapropiado del lugar”, deberían ser restringidas. Varela falleció en el transcurso de esta investigación.
En la reunión del 22 de mayo de 2014, Chaparro insistió en que “cada vez son más las playas cuyo acceso está restringido por entes privados”, según la minuta.
El informe de la Junta del año pasado no da cuenta de que hayan tomado alguna de las acciones recomendadas, incluyendo la revisión del “Plan Maestro”. Solo se hace mención a que, para 2017, se proyecta retomar la división de la Junta en grupos de trabajo “para dirigir la atención a los asuntos medulares, de forma que puedan llevarse a cabo acciones concretas que atiendan las necesidades de nuestras playas y usuarios”. Los cuatro grupos serían seguridad acuática, manejo de residuos sólidos, educación y comunicaciones, y planificación y reglamentación.
Chaparro indicó que por la falta de asignación de presupuesto la Junta ni siquiera se ha podido abrir los accesos públicos que personas han cerrado con portones.
“¡Ni eso se ha podido hacer! Hay portones en playas de Ocean Park y Rincón, por decir algunas. No se toma acción, pese a que en la Junta hay nueve agencias adicionales al DRNA”, concluyó.
La serie investigativa “Junta de Playas a la deriva” es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día, mediante la beca de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza. Vea la serie completa con sus gráficos e interactivos en periodismoinvestigativo.com y endi.com.
La lucha contra la privatización de las playas en Puerto Rico – Liberation News
Rincón, Puerto Rico, es un lugar relajado, cálido y tranquilo lleno de hermosas playas. Situado en la parte costera occidental de la isla, es un lugar de moda para el surf. Un rápido paseo por la ciudad revela varios hoteles, condominios nuevos y unidades de alquiler de alto precio.
Vista desde el Castillo San Cristóbal en el Viejo San Juan. Foto de liberacion
Por ley, todas las playas de Puerto Rico deben tener acceso público.
En los últimos años, sin embargo, los hoteles y edificios de apartamentos han establecido áreas privadas frente a la playa que niegan el acceso al público y obligan a muchos a pasar por caminos peligrosos para acceder a las playas. Estos desarrollos también tienen un impacto ambiental peligroso y aumentan el costo de vida de los locales.
Resistencia en Rincón
Cassandra López Fradera es una activista, surfista y residente de Rincón. En los últimos años, ha visto cómo los desarrolladores inmobiliarios han transformado la comunidad de surf local, tranquila y relajada de Rincón, en un territorio turístico donde los turistas adinerados vacacionan e invierten en el sector inmobiliario.
“Hay puertorriqueños que compraron sus casas por $5,000 en la playa junto a personas que pueden vender su casa por millones de dólares”, dijo López a Liberation News. Rincón tiene una población de 14,056, de los cuales el 41% vive en la pobreza con un ingreso familiar de $19,907.
Foto: La residente y surfista Cassandra López Fradera con su perro Olí en Rincón. Foto de Liberation News.
Las playas en Puerto Rico han estado legalmente protegidas contra los esfuerzos de privatización desde 1979, cuando las nuevas regulaciones comenzaron a exigir a los desarrolladores que conservaran el acceso público a todas las costas. De acuerdo con el Programa de Manejo de la Zona Costera de Puerto Rico, está prohibido el desarrollo que bloquee el acceso a las playas de Puerto Rico.
Rincón Bluewater LLC propuso construir un hotel y casino en la famosa Reserva Marina Tres Palmas de Rincón, ubicada en Steps Beach desde 2004. La reserva marina cuenta con protecciones especiales por ley para preservar la rica biodiversidad marina de la isla. Sin embargo, la reserva aún está amenazada por un nuevo proyecto de construcción de viviendas llamado Finca Sueño de Aurora, que incluye un plan para construir un casino y un hotel allí.
Foto: Arte mural en el Viejo San Juan: “Nuestra tierra no se vende”.
Foto de Liberation News
En agosto de 2021, la Agencia de Protección Ambiental exigió que Finca Sueño de Aurora cumpliera con la Ley de Agua Limpia. El proyecto implica la demolición de áreas protegidas de la reserva, lo que en última instancia conduce a la descarga de aguas pluviales que fluyen hacia los humedales costeros y contaminan el flujo del medio ambiente costero.
Los desarrolladores no han obtenido los permisos adecuados y están violando la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Agua Limpia.
El plan de arquitectura mostró que el casino de 7,000 pies cuadrados tendría 206 habitaciones con 2.82 acres de propiedad frente a la playa. Los documentos judiciales del gobierno muestran que Rincón Bluewater adquirió una exención de impuestos y un crédito fiscal de $ 15 millones para construir en la reserva sin ninguna consulta de la comunidad. La comunidad local respondió fundando el movimiento “No Al Casino”. A través de manifestaciones públicas, pudieron detener efectivamente este desarrollo.
Foto: Graffiti garabateado en la entrada de un parque en Condado: “¡Las playas son del pueblo! o no?” Foto de Liberation News
“Mucho del trabajo de resistencia surgió de la lucha contra los casinos, los hoteles y la construcción de grandes complejos de apartamentos, todos ubicados en la costa”, dijo Lina Pérez, activista y estudiante universitaria de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez.
Los ricos aprovechan las exenciones fiscales
En 2012 se implementó la Ley 22 como una forma de atraer capital extranjero a cambio de exenciones fiscales. La Ley 22, también conocida como la “Ley para Promover la Reubicación de Inversionistas a Puerto Rico”, fue promulgada por la 16ª Asamblea Legislativa de Puerto Rico con el fin de promover la inmigración de personas adineradas con la esperanza de apoyar la economía local.
Vanessa Uriarte es la directora ejecutiva de la Organización Amgxs del M.A.R — Movimiento Ambiental Revolucionario — un grupo fundado en 1995 con el propósito de proteger el medio ambiente y los recursos naturales en Puerto Rico, y ayudar a las personas con las herramientas y los recursos para resistir los esfuerzos de privatización en sus comunidades.
Foto: Jóvenes puertorriqueños tomando clases de kayak en la Laguna del Condado. Foto de Liberation News
Un total del 60% de los puertorriqueños viven en la costa. “Hay 78 municipios en Puerto Rico. De esos, 44 son municipios ubicados en la costa, y estamos convencidos de que, en todos esos 44 municipios, estos esfuerzos de privatización están sucediendo en todos”, dijo Uriarte a Liberation News. “Así que esto no es algo que suceda exclusivamente en un lugar. Esta resistencia está ocurriendo por todas partes”.
Uriarte describió cómo influencers adinerados como Jake Paul “se están mudando a Puerto Rico, comprando casas y queriendo vivir frente a la playa sin pagar impuestos. Estamos en una de las peores recesiones económicas que hemos visto debido a la condición fiscal y la deuda que tenemos”. Esto provoca inflación en los alquileres y el mercado inmobiliario, lo que significa que la mayoría de la clase trabajadora tiene que trabajar en dos o tres trabajos sin beneficios para poder sobrevivir en la misma área.
‘Las playas son del pueblo’
“Las playas son del pueblo” es el lema que representa este movimiento contra la privatización de las playas públicas en Puerto Rico. Los esfuerzos de resistencia actuales han estado sucediendo no solo en Rincón, sino también en Ocean Park en San Juan, Dorado Beach, en el sur en Santa Isabel, Luquillo, Vieques y Culebras.
Foto: Playa de Maria ubicada en Rincón. Foto de Liberation News.
En enero, los residentes locales de Ocean Park Beach, Condado, San Juan, realizaron una protesta para enviar un mensaje a los turistas y desarrolladores en contra de la privatización. La protesta fue una respuesta a un video viral de una pareja de turistas estadounidenses que acosaba a la población local por instalar una cancha de tenis de playa en la playa pública de Ocean Park.
En febrero, puertorriqueños locales se hicieron cargo de Dorado Beach, ubicada cerca de San Juan, para protestar por la inaccesibilidad del público a la playa.
A lo largo de los años, al público se le ha negado el acceso a la playa ya que los desarrolladores recientes han reclamado ciertas áreas como “privadas”.
La privatización hace eco del pasado colonial de Puerto Rico
Uriarte relacionó la lucha contra las privatizaciones con los movimientos independentistas de 1969 y 1970, y la historia de resistencia de la isla contra el colonialismo:
“En los años 70 —con la noción de turismo de playa en el Caribe— [fue cuando] empezó el boom de los hoteles frente a la playa. Este modelo mundial de turismo ha impactado a la isla porque Puerto Rico está en medio del Caribe, y al ser una colonia de los Estados Unidos, tiene un valor para estos inversionistas. Entonces a lo largo de todos estos 52 años el [movimiento] antiprivatización ha tomado diferentes caracteres… ha tomado una postura muy política para proteger el territorio de los EE.UU. invasivos o las bases militares que muchos de ellos han ubicado en las costas y en las playas .
”
”Foto: Cassandra López Fradera, activista comunitaria y residente de Rincón. Foto de Liberation News
“Siento que estamos en esta relación imperialista oculta porque nos dieron la ciudadanía, por lo que a veces eso nos desconecta de la solidaridad con otras naciones de América Latina”, dijo López. “Pero la realidad es que los españoles se llevaron gran parte del oro, el cobre, el agua del centro de las islas, el bambú y el océano. Tomaron estos enormes recursos.
“Existe esta noción entre los desarrolladores que dicen, ‘esta es mi propiedad, mi barrio, mi casa, mi puerta, mi playa’. La verdad es que el océano no pertenece a ninguno de nosotros”.
El 2 de junio, Ciudadanos por un Luquillo Resiliente llevará a cabo una manifestación frente al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de San Juan.
Casa Feliz con parking privado gratis – Puerto Rico, Spain
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Casa Feliz con parking privado gratis is located in Puerto Rico, 2 km from Playa de Tauro and 3.
3 km from Playa de Amadores. It offers free Wi-Fi, air conditioning, an outdoor pool and a garden. Free private parking is available. Popular activities in the area include hiking and fishing. nine0003
The holiday home features 2 bedrooms, a flat-screen TV with satellite channels, an equipped kitchen with a dishwasher and a microwave, a washing machine, and 1 bathroom with a hot tub.
Guests can relax on the terrace.
Gran Canaria Airport is 35 km from Casa Feliz con parking privado.
- Parking
- Free Wi-Fi
- Air conditioning
Gallery
Rooms and availability
Facilities
5
100 m 2 2
1
This holiday home has a balcony, microwave and kitchen.
- Sea view
- Garden view
- Pool view
- Mountain view
- City view
- Quiet street view
- Air conditioner
- Balcony
- Terrace
Book now from: €65.
02
Important information
Wi-Fi is available in the entire hotel and is free of charge.
Free private parking on site (reservation required) .
Pets are not allowed.
Children of all ages can be accommodated.
Children up to and including 2 years old can stay free of charge in a baby cot. nine0093 No extra beds available.
Extra beds and baby cots are available on request. Need to be confirmed by the hotel for this service.
This property will not host hen, stag or similar parties.
Please inform Casa Feliz con parking privado gratis in advance of your expected arrival time. You can use the Special Requests box when booking, or contact the property directly using the contact details found on your Booking Confirmation. nine0093 Guests are required to show a valid photo ID and credit card upon check-in. Please note that special requests cannot be guaranteed and additional charges may apply.
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Managed by an individual
Spanish, English
Register:
with
15:00
on
21:00
nine0003
Check-in and check-out time
Departure:
with
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Amenities
General
- Parking
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Sports and recreation
- Golf course (within 3 km)
- Fishing
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- Visiting several pubs
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- Tour or presentation about local culture
nine0019 Horse riding
Public areas
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- Terrace
Miscellaneous
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Swimming pool and wellness services
- Solarium
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- Outdoor swimming pool
- Outdoor swimming pool (all year round)
- Outdoor bath
- Pool with a view
- Fenced pool
- Pool
Security
- Safe
- Video surveillance in common areas
- Fire extinguishers
nine0019 Video surveillance outside the building
Cleaning and disinfection
- Cleaning products effective against coronavirus
- Laundry of bed linen, towels and guest belongings is done in accordance with local regulations
- Disinfection of accommodation is carried out before the arrival of each new guest
Security
- All local authority safety protocols are followed
- Antibacterial hand gel available in rooms and common areas
- The facility monitors the health of guests
Reception
- Accounts
Piscina privada independiente jardín y solarium Villa
San Bartolome de Tirajana
204 hotels
Dates for viewing prices
Departure
Adults
01020304
Children
-01020304
Price
- 0 RUB – 3620 RUB 93
- RUB 3620 – RUB 7240 14
- RUB 7240 – RUB 10900 13
- RUB 10900 – RUB 14500 20
- 14500 rub+ 65
Number of stars
- 155
- 4
- 5
- 22
- 17
- 1
Rating
Facilities
- WiFi 171
- TV 174
- Air conditioner 27
- Mini-Bar 4
- Parking lot 120
- Restaurant 7
- Bar 6
- Pool 162
- Fitness 14
- Bath/Shower 119
- Refrigerator 154
Type of allocation
- Villa 57
- Apartment 38
- Vacation home 26
- Hotel 20
- Bed and breakfast 2
- Aparthotel 2
- Chalet 1
- Country house 1
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- Tent 1
nine0387 Homestay 2
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Hotel guests rating Piscina privada independiente jardín y solarium :
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Hotel reviews →
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Features 2 bedrooms, 2 bathrooms, a fully equipped kitchen and a balcony overlooking the pool. The villa has a TV, towels and bed linen. nine0003
Featuring air-conditioned accommodation with a private pool, En campo de golf con piscina privada by Lightbooking is located in San Bartolome de Tirajana. Playa del Inglés is 12 km away. Free private parking is available.
Maspalomas is 13 km from En campo de golf con piscina privada by Lightbooking, while Puerto Rico de Gran Canaria is 22 km away. Gran Canaria Airport is 41 km away.
Among other things, the territory has a terrace and a garden. nine0243
Bath Balcony Private pool Pool view
Wi-Fi is available in the entire hotel and is free of charge.
Beds : 2 single beds (90-130 cm wide), 1 double bed (131-150 cm wide).
Services and facilities : Hairdryer, TV, Electric kettle, Towels, Toaster, Iron, Oven, Shower, Tea/Coffee maker, Bath, Private pool, Private bathroom, Pool view, Microwave, Ironing facilities, Dishwasher , Refrigerator, Terrace, Linen, Tumble dryer, Coffee machine, Air conditioning, Kitchenware, Balcony, Washing machine. nine0003
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nine0003
Hotel
Internet
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nine0020
Pool view
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Underwear
Toaster
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Kitchenware
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Washing machine
dishwasher
Microwave
Refrigerator
Iron
nine0019
Ironing accessories
Food and drink
Coffee/tea
Recreation and entertainment
Golf course
Pool
Outdoor pool
nine0020
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Staff says
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Registration rules in Piscina privada independiente jardín y solarium
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Check-out time:
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This property will not accommodate hen, stag or similar parties.
License number: VV3510001429
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